Los de las motos: conflicto con la legalidad

Hace algunos días los medios de comunicación anunciaron que el Estado colombiano había divulgado el decreto por medio del cual se comprometía a proteger al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, tras el genocidio perpetrado por fuerzas paramilitares y legítimas del Estado que, en una cruzada maquiavélica sin precedentes, aniquilaron sistemáticamente al único movimiento de izquierda que ha movido el panorama electoral representando la voz de los sectores populares obreros y campesinos de Colombia. Una decisión tardía, pero oportuna para la reparación y la reconciliación; a su vez, útil en tiempos donde una fuerte facción de la ultraderecha vuelve a armar miles de hombres para evitar la restitución de tierras y el surgimiento eficaz del movimiento Marcha Patriótica, que levanta nuevamente las banderas de los que carecen de vocerías en las altas curules del Congreso.

Esta decisión, que marca una nueva etapa para el gobierno nacional y los opositores en el campo, está acompañada de una excelente coyuntura para todo el país, en especial, para los que han tenido que vivir entre la pólvora y el plomo del ejército y las FARC: las negociaciones entre guerrilla y gobierno en La Habana. O, para ser más precisos, entre guerrilla, gobierno, empresarios y militares, que son las fuerzas representativas del conflicto armado.

Muchos pensarán que es una exageración citar tan apartados estos grupos que intervienen en las mesas, o que es una mala publicidad para los diálogos; pero es todo lo contrario, más bien debe ser considerada una manera sensata de reconocer que los empresarios y el ejército tienen su poder muy por encima de las leyes y de los congresistas que afanosamente elegimos. Prueba de ello es que hagan parte de la mesa y que el presidente haya atendido cuidadosamente las exigencias de los oficiales para participar en las mesas, so pena de enfrentar actos de desobediencia de los miles de hombres que controlan el monopolio de las armas.

A propósito de las Fuerzas Militares, cabe preguntarse si la abrupta acomodación de estas al Derecho Internacional Humanitario y al respeto hacia la vida y la dignidad de los civiles es una de sus banderas en este momento de la historia; para ello citaremos un caso especial: los motorizados del B2 o “los de las motos” – como los identifican los pobladores –, una fuerza del ejército que opera en Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, cuyas acciones son dudosas y hasta promotoras del terror entre los habitantes del casco urbano y sus alrededores.

Estos hombres, que se afirman un cuerpo especial del Ejército Nacional, visten de civil en cuatro motocicletas AKT de cilindraje medio con colores rojo, azul y negro. Se movilizan todo el tiempo portando armas cortas y patrullando de extremo a extremo el pueblo. La gente les teme porque han sucedido muchos incidentes y hasta asesinatos en los que son sospechosos y por los que corren incluso algunas denuncias que deben estar en manos de estrados judiciales; como es el caso del joven militante comunista Rafael González, que fue asesinado por hombres con pelucas que le dispararon indiscriminadamente a él y algunos compañeros mientras comían en un local del municipio el 16 de agosto de 2011. Algunos testigos sospechan de ellos (los de las motos), como los ejecutores del crimen; pero nadie sostiene nada, porque tienen miedo de morir igual que el joven que, según dicen, trabajaba como Ingeniero de Sistemas y administraba un local de fotocopiadoras. También afirman que la víctima todavía se movía en el suelo cuando un grupo de militares que llegó tras los disparos, no permitió ningún esfuerzo para salvar su vida.

Hay muchas razones para atribuir el crimen al ejército, pues este pueblo es una pequeña mancha en medio de la Amazonía, rodeado de ejército y con estación de policía: bastión político de la insurgencia y de movimientos políticos legítimos que encuentran similitud en sus agendas con la guerrilla. Además, lo que hay más allá de los cordones de seguridad, es selva, fincas y bandoleros de las FARC: sería poco probable que muriera un militante de dicha izquierda a manos de la insurgencia.

Las víctimas del acoso de estos hombres afirman que reciben acusaciones frontales de pertenecer a las milicias de las FARC (hasta se han dado capturas donde los implicados denuncian no haber portado los elementos peligrosos que les atribuyen: como es el caso de un hombre detenido por portar cable detonante). También les piden dar información de la ubicación de comandantes a cambio de beneficios. De vez en cuando entran a las casas sin autorización legal a hacer improvisados allanamientos para ‘descartar actos terroristas’ y hasta han llegado a acusar a la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chairá de ser una especie de brazo político de la insurgencia. Son estos hombres quienes también asumen el rol de autorizar los mercados que cada fin de semana llevan los campesinos a sus fincas, porque allá, incluso para llevar la comida, se le debe pedir permiso a los militares. En otras palabras, abusos, ausencia de legalidad y hasta presunta criminalidad por parte de hombres de las Fuerzas Militares legítimas en nombre de la seguridad.

Si este es solo el caso de un pueblo pequeño, cabe preguntarse ¿qué será de los otros centenares de municipios donde surge el movimiento campesino? ¿Cuáles serán las garantías de los que contradicen la visión de Colombia que predomina en la Fuerzas Militares, donde el estigma a los movimientos de izquierda es claro? Avanzando un poco, deberíamos comenzar a considerar lo que pasará si los diálogos se dan y el gobierno se viera obligado a cumplir sus promesas hacia la insurgencia: ¿Será garantizada la participación política de las FARC? ¿Y los líderes de la restitución? ¿Y los voceros de la Marcha Patriótica? El ejército colombiano, hace mucho, actúa por fuera de sus límites y los generales deben más explicaciones que actos públicos de perdón al estilo del procurador Ordóñez: de mala gana.

  • milton

    El unico articulo real, asi infortunadamente es lo rural en colombia, patrullada de ignorantes criminales, tarados, sicarios etc etc