¿Cómo es posible la responsabilidad política?

Imagen de Archivo, www.elcolombiano.com

Hace un rato ando en sabático del blog pero la actualidad política de este país definitivamente no. Como siempre, hay mucha tela para cortar. Hoy decidí escribir, ligeramente reposado el tema, sobre la suspensión de Samu…¿el alcalde?

Cuando el procurador Ordóñez suspendió por tres meses a Samuel Moreno de la alcaldía de Bogotá, no estaba muy segura de qué pensar.

Por un lado, es cierto que las bases de la acusación son muy débiles y las razones argüidas por Ordoñez no implican necesariamente una judicialización. Por otro, tras vivir diariamente un aumento, en menos de un año, de por lo menos media hora en el desplazamiento a cualquier lugar y de presenciar lo que casi fue un atraco en un bus, frustrado por la rabia de la gente alrededor que manoteaba y pateaba al atracador, no podía evitar sentir un fresquito cuando lo escuché. Ciertamente Samuel no maneja el bus de transmilenio en el que me monto, ni intentó raparle la maleta en la que llevaba un portátil al señor en aquel bus, pero no puedo evitar pensar, como todos, que tiene algo que ver con estos pequeñas situaciones que reflejan un sunto global. Como alcalde, como administrador y controlador de esta ciudad, debería disponer de los medios y el personal para que este tipo de cosas no sucedieran. Y si bien no se ha podido comprobar corrupción directa de Samuel, parece ser igual de grave que se haya sentado a ver, como si fuera una novela de medio día, el caos en el que se ahoga Bogotá.

Hablaba con uno de mis tíos, abogado con unas posiciones políticas que no he logrado descifrar totalmente, sobre el fallo de Ordoñez. Él no estaba de acuerdo con lo que se había hecho. Sin embargo, tampoco defendía al acusado. Su punto de partida era, para recordar el artículo de La Silla Vacía, que el crimen de Samuel no era la corrupción sino la ineptitud. Y la ineptitud, como la ignorancia, en este país, no se castigan. El punto fundamental de su argumento, que encuentro muy interesante, es que Ordoñez estaba creando una nueva jurisprudencia (como mucho lo han dicho en los medios), un nuevo nvel en la jurisprudencia actual en el que no castiga por los hechos ya realizados, sino que espera prevenir la negligencia e imbecilidad probables en decisiones futuras. Lo que le pedimos a Samuel es, en últimas, responsabilidad política (palabras de mi tío) más no legal. De nuevo, no hay una ley que castigue la ineptitud, así ella taladre una ciudad hasta el desastre.

Lo que Samuel hizo al no hacer nada no debe tener implicaciones penales, pero el procurador lo hace ver de otra manera. Para decirlo de una forma un poco más especulativa: el procurador está tratando de abordar, desde la legislación actual, algo que siempre excede la ley. La política, las decisiones, son irreductibles a una normatividad establecida. La decisión del procurador, además, encierra otro tipo de intereses: si el Polo estaba mal, esto lo dejó peor. La carrera política de Samuel está, sin duda, más que arruinada. Pero bueno, estas son simples suposiciones. Lo que sí es cierto es que aprovechó su posición para judicializar algo injudicializable; y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿quién controla al procurador?

Pero entonces, si la política excede la ley y nos sentimos con el derecho y la necesidad de exigir responsabilidad política ante la ineficiencia administrativa: ¿cómo podemos exigir dicha responsabilidad? Es más, esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo es posible, aquí y ahora, la responsabilidad política? Si pensamos este asunto cuidadosamente, muchas veces los actos que no quebrantan la ley directamente pero que son políticamente cuestionables son los más perjudiciales para el común de la sociedad. Y esa exigencia de responsabilidad política desemboca en una frustración que ya estamos cansados de sentir. ¿Quién no recuerda la indignación frente al escándalo de las zonas francas de los hijos de Uribe? En ese caso, ninguna ley se había infringido, pero consensualmente podíamos decir que lo habían hecho mal, que se aprovecharon de su posición y que sus actos fueron -son, aún- políticamente condenables.

¿Cómo es posible la responsabilidad política? ¿Cómo exigirla? Si ella excede el campo legal, entonces llegaremos sin mucha cavilación a la conclusión de que las herramientas, formas y consecuencias de exigirla deben encontrarse por fuera de la ley; debemos utilizarlas nosotros y no un funcionario que sin escrúpulos manipula la legislación y los límites de sus funciones (no sólo en este caso). Pero nunca nos atrevemos a hacer nada. Esperamos que alguien más lo haga. Creo que si nos uniera un sentimiento de comunidad, tal vez las cosas serían distintas.

Tristemente, la posibilidad de la responsabilidad política pende de un hilo, porque necesita a un pueblo que este país no se atreve a ser.